RICARDO DOWNEYCon la meta de enviar al Congreso un proyecto de reforma a los juzgados de policía local durante el segundo semestre del próximo año comenzó en la mañana de ayer a sesionar en el Ministerio de Justicia la Mesa de Trabajo de Modernización de Justicia Local y Vecinal.La iniciativa se suma a las reformas a la justicia realizadas en los ámbitos penal, de familia, juvenil y laboral, que han incorporado principios de modernidad y eficiencia, como la oralidad, inmediación, transparencia y rapidez.La justicia de policía local carece de esas características, pese a que actualmente ingresan a esos tribunales un promedio de dos millones 200 mil causas al año, de las cuales aproximadamente un millón y medio corresponden a infracciones a la ley del tránsito.La recarga de trabajo que esto genera se ve reflejada en el hecho de que en todo Chile existen 315 jueces de policía local en 270 comunas, y cada uno de esos magistrados debe atender en promedio cerca de tres mil causas al año.Lo anterior ha generado problemas de gestión, a lo que se suma la diferencia de recursos que reciben los distintos juzgados de policía local, ya que dependen de los mayores o menores recursos de que dispongan las municipalidades a que pertenecen, generando iniquidad en la atención que recibe la ciudadanía.Cristián Arévalo, presidente del Instituto de Jueces de Policía Local, dijo que ya era hora de abordar la reforma a este sistema de justicia, que es el más cercano a la gente, ya que actúa en el ámbito vecinal.Explicó que a ellos se les han ido sumando competencias, y ya son más de 50, pero la entrega de recursos no ha aumentado.Entre sus aspiraciones de esta reforma mencionó el crear juzgados en 70 comunas donde no existen y reforzar a otras donde los actuales son insuficientes.Pero uno de los puntos centrales es el que tiene que ver con su dependencia municipal, y plantearán avanzar hacia una mayor autonomía. "Debemos dejar la dependencia municipal", enfatizó Cristián Arévalo.El grupo de trabajo lo integran el ministro de la Corte Suprema Hugo Dolmestch, el presidente del Instituto de Jueces de Policía Local, Cristián Arévalo, así como representantes de la subsecretaría de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior, de la Asociación Chilena de Municipalidades y académicos de las universidades Católica, de Chile y Diego Portales.LOS PARTESUN MILLóN Y MEDIO de infracciones de tránsito ingresan todos los años a los juzgados de policía local del país.

Médico de Gendarmería admite existencia de ocho casos de tuberculosis entre reclusos de la ex PenitenciaríaOcho casos de tuberculosis, y no cien, como informaron ayer los dirigentes de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería, Ansog, serían los existentes en la ex Penitenciaría de Santiago. Así lo precisó el doctor Gastón Rodríguez, jefe del área de salud de Gendarmería, quien explicó que de esos ocho casos, hay cinco que están internados en el hospital penitenciario en tratamiento, en tanto que los otros tres ya volvieron a sus galerías luego de ser atendidos y ya no presentan peligro de contagio. El facultativo señaló que en las cárceles, a nivel mundial, siempre está latente el peligro de que aparezca esta enfermedad y su posible contagio, más aun en recintos como la ex Penitenciaría, que tiene a cerca de 6 mil internos. Lo importante, precisó, es estar atento a detectar estos casos y tratarlos oportunamente. Informó que en toda la Región Metropolitana hay sólo 15 casos detectados de tuberculosis en los distintos penales.La tasa en Chile es de ocho casos por cada cien mil habitantes.Declaran ex carabineros. Por cerca de cuatro horas prestó declaración ayer ante la Cuarta Fiscalía Militar el expulsado carabinero Patricio Celis, a quien se le vinculó con uno de los miembros de la banda narco de La Victoria conocida como los "Car'e Jarro". Además, fue interrogada su colega, la carabinera Daniela Vera, también desvinculada de la institución. Celis habría entregado información policial privada a los "Car'e Jarro" para perjudicar a bandas narco rivales. En uno de esos episodios habría estado presente la carabinera Vera, quien fue dejada libre de cargos criminales en el proceso que lleva la Fiscalía Sur de Santiago al determinarse que no tuvo intención clara de participar de un acto ilícito. Fue citada por la justicia militar, porque en su institución determinaron que pudo cometer faltas a la ética profesional. Ha trascendido un posible reintegro de Vera. Entre tanto, para el lunes quedó el interrogatorio a otro carabinero expulsado y que se ligó a los "Car'e Jarro": el comandante Juan Loyola, a quien el abogado de los traficantes, Ariel Marín, le solicitó dejar sin efecto un parte de tránsito.Violador de menores. En prisión preventiva por un año quedó ayer el fonoaudiólogo colombiano Andrés Campaña (25), luego que el Tribunal de Garantía de Chiguayante, en la VIII Región, lo imputara como autor de tres delitos de abuso sexual y de una violación a tres menores de cinco años de la escuela de lenguaje "Porvenir".El fiscal Alejandro Alí dijo que el número total de delitos perpetrados por Campaña podría alcanzar a quince, por cuanto desde hacía dos años que el imputado trabajaba en ese establecimiento especial.Refuerzan vigilancia. Más de 1.200 carabineros y 300 radiopatrullas reforzaron las tareas del Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva en las poblaciones de la periferia de la Región Metropolitana. Anoche, las diligencias en la Villa O'Higgins de La Florida habían arrojado la detención de 5 personas por microtráfico de estupefacientes. La acción policial terminaba hoy a las 5 de la madrugada.

RICARDO DOWNEYQue opere la pena accesoria de someter a los jóvenes que delinquen a tratamiento contra las adicciones y que se masifiquen las "cortes de drogas", que actualmente funcionan en forma piloto, son para el senador de la UDI Jaime Orpis las fórmulas para que efectivamente se cumpla el enfoque rehabilitador de la ley penal juvenil, y que actualmente no se estaría realizando.Así lo planteó el parlamentario en los últimos días al presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, y al Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, y este lunes lo hará a la Defensora Nacional.Explica Orpis que diversos estudios han demostrado la estrecha relación que existe entre droga y delitos, y uno realizado por la Fundación Paz Ciudadana señala que el 73% de los ilícitos lo cometen personas que están bajo sus efectos.Para el senador, si el origen de los delitos está en la droga, la única forma de terminar con este círculo vicioso es mediante la rehabilitación, tarea que a su juicio en estos momentos no se cumple.Eso ocurre porque los actores del sistema de justicia juvenil, jueces, fiscales y defensores, no están aplicando las disposiciones de la ley de responsabilidad penal adolescente, que establecen la facultad de dictar como pena accesoria la derivación a un tratamiento de rehabilitación cuando se establece que existe adicción en un imputado, tanto en régimen cerrado como abierto, residencial o ambulatorio.Como ejemplo, cita el caso de la Corporación La Esperanza, que él dirige, que tiene dos centros, de los 14 licitados por el Sename en todo el país para este tipo de situaciones, los cuales están prácticamente vacíos, transcurrido un año de vigencia.Según Orpis, al margen de problemas administrativos, la norma no opera porque jueces y defensores han interpretado la pena accesoria como una doble sanción hacia el imputado.Tampoco los fiscales la piden por estimar que la pena accesoria (tratamiento de 10 meses) es superior a la penalidad para los delitos cometidos por jóvenes.Esta situación llevó al senador a presentar esta semana una modificación legal a la ley de responsabilidad penal adolescente, para que cada vez que el juez, a través de la evidencia presentada por la fiscalía o la defensoría, tome conocimiento de que un adolescente infractor es consumidor habitual de drogas o alcohol, "deberá" propender a un tratamiento de rehabilitación del menor, para así lograr su reinserción social."No rehabilitar a los infractores de ley presionará por aumentar las penas y construir más cárceles".JAIME ORPISSenador